EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y
Transparencia (FJT) condenó la práctica “hoy casi generalizada de la clase
política dominicana, concertando acuerdos para favorecer la reelección
presidencial, prostituyendo y debilitando la democracia interna de los partidos
políticos y de paso cercenando la posibilidad y el derecho de sus militancia a
seleccionar en primarias sus mejores candidatos”.
El presidente de
la institución, Trajano Potentini, dijo que en la actual coyuntura de aprestos
reeleccionista y de cara al venidero proceso electoral, los partidos políticos,
fundamentalmente (PLD, PRD y PRSC), hacen un flaco servicio a la democracia, al
plantear un escenario colectivo de repartición de cargos y reelección
generalizada.
A juicio de
Potentini con la reserva de la mayoría de las candidaturas a cargo congresuales
y municipales, las principales fuerzas políticas del país han secuestrado el
ejercicio de la democracia, en desmedro de su propia militancia, sesgándole la
posibilidad de acceder a un cargo electivo por sus méritos, trabajo político y
vocación de servicio”.
Sostiene que lo
que ha imperado en las cúpulas partidarias es la repartición de un botín de
guerra, producto del saqueo de la democracia dominicana, entregado en manos de
los más connotados corsarios de la política vernácula.
Afirmó que con
esta medida de trueque los partidos están lesionando el sagrado derecho que
tienen sus adeptos, de competir en igualdad de condiciones por una posición
electiva en las próximas elecciones de mayo.
Cree que los
partidos políticos traicionan su propia militancia y cometen crimen contra la
democracia al reservarse a cambio de la reelección presidencial la mayoría de
las candidaturas, para ser entregadas en pago al apoyo reeleccionista.
Vidal Potentini
recordó a la clase política dominicana que el derecho a elegir y ser elegido es
un derecho con protección y tutela constitucional, contemplada en nuestra
actual ley sustantiva en el artículo 22 numeral 1.
De ahí, dijo el
jurista, que “estamos en presencia de una grosera violación a derechos
fundamentales y de falta a la institucionalidad, características distintivas de
un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo consagra la
constitución en su artículo 7.
La fundación
alberga la esperanza de que los políticos reflexionen y entiendan que las
agrupaciones políticas no son parcelas particulares de sus principales
dirigentes, y que le den un uso justo, racional y equitativo al monopolio
absoluto que hoy por hoy en virtud de la ley electoral, mantienen del acceso a
las candidaturas a cargos electivos.
Fuente:elnuevodiario.com.do
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